El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo, presidente de Perú, disolvió el Congreso de la República con intención de no comparecer ante la legislatura para responder por las acusaciones de “incapacidad moral”.
En una declaración televisada, Castillo anunció un “gobierno de exepción” para poder asumir poderes excepcionales y convocar nuevas elecciones. Para él esto sería un paso necesario “para restablecer el estado de derecho y la democracia” en Perú.
Numerosas micronaciones se han pronunciado respecto a esta cuestión. La República de Rino Island publicó un comunicado con el que condenaba “enérgicamente el Golpe de Estado de Pedro Castillo en Perú. La República de Rino Island no reconocerá ninguna acción del régimen que ha disuelto el Congreso Nacional”.
Por su parte, la República de Mesvina también publicó un decreto en el que condenó “el golpe de Estado de Pedro Castillo en Perú.” A través del decreto se exige “restablecer la democracia y la estabilidad política en Perú”, y “la solidaridad de Mesvina con el pueblo peruano y su firme compromiso de apoyar el proceso de restauración de la democracia en el Perú, para asegurar que el país vuelva a la normalidad lo antes posible”.
El Reino de Nueva Yemar retwitteó una publicación del periodista Emmanuel Rincón, en la que se señalaba “el socialcomunista Pedro Castillo acaba de anunciar que dará un golpe de Estado disolviendo el Congreso para evitar que lo sigan investigando, las bancadas opositoras piden ahora su dimisión”.